5/20/2024
Existen situaciones a lo largo de la vida que hacen necesario otorgar facultades de representación a terceros. Esto es el caso de mucha gente de la tercera edad, que puede llegar incluso a perder la capacidad para regir sus propias decisiones y administrar su patrimonio, teniendo necesidades económicas que deben de satisfacerse, sin poder hacer uso del mismo sus familiares.
En caso de llegar a perder o disminuir esta capacidad, es necesario intervenir para evitar agravios en la persona o el patrimonio, bien mediante el otorgamiento de un poder preventivo (si la persona aún tiene capacidad para firmar ante notario), o bien mediante lo que antes era un procedimiento de incapacitación judicial (ahora conocido como medidas de apoyo a personas con discapacidad) que nombre a un tutor de la persona y los bienes.
¿Qué es un poder preventivo?
Es un documento notarial que permite a una persona designar a otra para que actúe representando sus intereses en caso de que llegase a carecer de la capacidad necesaria para manifestar su voluntad. Quien otorga un poder preventivo quiere asegurarse de que será la persona designada por él, y no otra, la que le represente en caso de perder la capacidad necesaria para ejercer sus derechos o cumplir sus obligaciones. Una de sus grandes ventajas es que permite gestionar el patrimonio de la persona sobrevenida incapaz sin tener que acudir al procedimiento de incapacitación judicial.
¿Quién puede otorgarlo?
Cualquier persona mayor de edad que esté en plena posesión de sus facultades mentales.
Hay dos tipos de poder preventivo:
1. El poder preventivo en sentido estricto. El apoderado sólo podrá actuar desde el momento en el que su representado (la persona que ha otorgado el poder) sufra el estado de incapacidad previsto en el apoderamiento, no antes.
2. El poder preventivo con subsistencia de efectos en caso de incapacidad. El representante podrá hacer uso del poder desde el momento del otorgamiento, o desde la fecha que se especifique en el mismo, sin necesidad de esperar a que el poderdante sufra ningún estado de incapacidad. Pero, como su nombre indica, este tipo de poder seguirá subsistiendo.
¿Qué es un procedimiento de apoyo para las personas con discapacidad?
Es un procedimiento judicial que implica establecer medidas de apoyo para que una persona pueda ejercer su capacidad jurídica. El juez, después de recabar las pruebas precisas, determinará si es necesario que a la persona objeto del procedimiento se le designe un tutor o cuidador (depende del nivel de pérdida de capacidad), y establecerá por sentencia que medidas se llevarán a cabo, y quien será la persona responsable de velar por las mismas (normalmente un familiar).
Es un procedimiento largo, pero necesario cuando ya no se puede firmar un poder preventivo, y la persona ha perdido la capacidad de regirse a sí misma y su patrimonio.
Asimismo, también existe la figura de la autotutela, que permite designar a un tutor para uno mismo. Básicamente permite que una persona con capacidad de obrar suficiente, en previsión de que fuera incapacitada judicialmente, deje por escrito cómo desea que se organicen y administren los asuntos relativos a su persona y bienes, incluida la designación de tutor.
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