3/25/2024
La Ley Crea y Crece de diciembre 2022 se creó con la finalidad de:
- Facilitar la creación de empresas
- Mejorar la financiación de las empresas a través de normativa que afecta al crowdfunding
- Lucha contra la morosidad y el fraude fiscal
Dentro de este último aspecto se incorpora la obligación para las empresas y profesionales de establecer la factura electrónica en sus relaciones comerciales.
La incorporación de este punto va un paso más allá del establecido, en este mismo sentido por la Ley Antifraude de 2021 en que ya marcaba una serie de condiciones para la facturación electrónica en algunos casos concretos.
Después de la obligatoriedad de establecimiento del sistema SII (Suministro Inmediato de Información) de información de relaciones comerciales establecido por Hacienda, el establecimiento de la factura electrónica es un paso más para la información en tiempo real de todas las operaciones comerciales.
Otro de los argumentos a favor del establecimiento de la factura electrónica es la mejora en la lucha contra la morosidad. Respecto a este punto es preciso señalar que la Ley contra la Morosidad es una Ley de 2010 y hasta la fecha su implementación no ha sido precisamente exitosa. Hay que recordar que últimamente la Comisión Europea se ha negado a plantear una normativa que permitiera sancionar el incumplimiento de la Ley.
El establecimiento de la factura electrónica permitiría conocer, en tiempo real, todas las variables necesarias que intervienen en una factura. Además, toda esta información estaría a disposición de la Administración Tributaria para poder mejorar el control de la Inspección, ya que el sistema que se pretende establecer, permite determinar plazos reales de cobro, con lo que se podrá determinar el cumplimiento o no de la Ley 15/2010 de plazos de pago.
Todo ello parece unos argumentos muy favorables para el establecimiento de la factura electrónica como método para las relaciones comerciales entre empresas, profesionales y la Administración.
Sin embargo, para las empresas, el establecimiento de la factura electrónica representa un problema que impacta totalmente en los sistemas de gestión interna de las empresas. Esta problemática ya se puso de manifiesto cuando se estableció el SII, que establecía la manera que las empresas tenían que comunicar sus operaciones comerciales a la Administración Tributaria.
La falta de información, apoyo y las diferencias entre el sistema que estableció Hacienda y los sistemas de gestión particulares de las empresas dio lugar a una gran cantidad de problemas y en algunos casos sanciones administrativas por la imposibilidad de cumplir con los plazos de declaraciones realizadas con dicho sistema, hecho que puede volver a producirse con el establecimiento obligatorio de la factura electrónica durante el 2024 segun el Reglamento.
Se pretende que toda la información comercial de las empresas esté archivada en la nube para que la Administración pueda controlar en tiempo real todas las operaciones comerciales y de esta manera actuar de manera más rápida y ágil en la lucha contra el fraude. Pero las implicaciones que representa para las empresas son muy importantes. Por otra parte, no me parece una herramienta mejor para la lucha contra la morosidad. La única manera será el establecimiento de sanciones a partir de la Ley 15/2010.
Analizamos, por un momento, algunas de las implicaciones que tendrá por las empresas.
En primer lugar, las primeras que se deben adaptar son las empresas de más de 8.000.000 € de facturación. La mayoría de estas empresas tienen sistemas informáticos que integran facturación, producción, gestión, contabilidad, etc. que son propios, con lo cual, a partir de una entrada de materia prima, auxiliar, producción, etc da pie a una cantidad de información que se deriva en las diferentes áreas de la empresa para su gestión particular.
En segundo lugar, hay las pequeñas empresas que, actualmente, muchas de ellas, realizan sus facturaciones con simples hojas de cálculo. Todas ellas están abocadas a dirigirse a los profesionales existentes en empresas especializadas en gestión de Información, con el consecuente incremento de sus gastos.
Da la impresión que la obsesión por el control por parte de la Administración para luchar contra el fraude lleva a “matar moscas a cañonazos”.
El objetivo es loable para un país en el cual se calcula que la economía sumergida es aproximadamente del 20%. No obstante, creo que hay otras herramientas para reducir esta lacra y alguien se tendría que preguntar si la excesiva presión fiscal no es un argumento en contra de esta finalidad.
Alfons Porro
Empresario y socio de TAX Economistas y Abogados