9/26/2022
Dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la Ley "Crea y Crece" es una de las principales reformas, la cual ha sido aprobada por el Congreso i se ha publicado en el BOE el jueves 29 de septiembre. El objetivo de esta es fomentar el dinamismo del tejido productivo y dar respuesta a las demandas de los diferentes organismos internacionales. Así, se impulsa la creación de empresas y facilita su crecimiento, especialmente de las pymes.
Crear una empresa: más fácil y más rápido
Con la nueva Ley, se facilita la creación de una empresa, reduciendo el coste económico y simplificando los trámites para su constitución. Así, se establece la posibilidad de constituir una Sociedad de Responsabilidad Limitada con un capital social de 1 euro, frente al mínimo legal de 3.000 euros establecido hasta ahora. De esta forma, España se alinea con gran parte de los países de la zona Euro, en los que no se requiere un capital mínimo, favoreciendo de esta forma el emprendimiento.
Por otra parte, se facilita la constitución telemática de empresas a través de la ventanilla única del Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE). De esta manera se garantiza una reducción en los plazos de su creación y de los costes notariales y registrales.
Medidas para incentivar el crecimiento de las empresas
También se mejora la eficiencia del marco regulatorio de las actividades económicas al simplificar la legislación existente, eliminar regulaciones innecesarias y establecer procedimientos más ágiles.
Por ejemplo, se modifica la Ley de medidas de liberalización del comercio, ampliándose el catálogo de actividades económicas exentas de licencia. También se incorporan al listado de la normativa básica estatal las actividades que hayan sido consideradas inocuas por al menos una comunidad autónoma.
Medidas contra la morosidad
Se recogen medidas para la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para ello, se extiende la obligación de expedir y remitir factura electrónica en todas las relaciones comerciales a empresas y autónomos, lo que garantizará una mayor trazabilidad y control de pagos.
Así también, se establece que las empresas que no cumplan los plazos de pago establecidos en la Ley de Morosidad (Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales) no podrán acceder a una subvención pública o ser entidad colaboradora en su gestión.
Finalmente, se ha previsto la creación de un Observatorio Estatal de la Morosidad Privada, que realizará un seguimiento y análisis de los datos de los plazos de pagos y promoverá buenas prácticas. Entre sus actuaciones se incluye la publicación de un listado anual de empresas morosas (personas jurídicas que no paguen en plazo un porcentaje superior al 5% de sus facturas y que el importe total de las facturas impagadas sea superior a 600.000 euros). Se incluye en la Ley de Sociedades de capital y la Ley de Morosidad la obligación de que las empresas grandes indiquen en sus memorias anuales el periodo medio de pago a sus proveedores o el número de facturas pagadas en un periodo inferior al máximo establecido en la normativa de morosidad.
Financiación
La norma incorpora medidas para mejorar los instrumentos de financiación, como el crowdfunding o financiación participativa, la inversión colectiva y el capital riesgo.
En el ámbito del crowdfunding, la Ley Crea y Crece adapta la regulación nacional a la normativa europea, introduciendo más flexibilidad para que estas plataformas presten sus servicios en Europa. Además, se refuerza la protección de los inversores y se permite la creación de vehículos para agrupar a los inversores y así reducir costes de gestión.
Se impulsa la industria del capital riesgo, ampliándose el tipo de empresas en las que pueden invertir estas entidades, incluyendo empresas financieras con un alto componente tecnológico.
Por último, se amplían las figuras reconocidas para fondos cerrados. Se trata de fondos de deuda que puedan invertir en préstamos, facturas o efectos comerciales, contribuyendo y mejorando la financiación empresarial de compañías que hayan visto deteriorada su estructura financiera como consecuencia de la pandemia.
En relación con las Instituciones de Inversión Colectiva, se elimina el carácter obligatorio del informe trimestral, se establecen los medios telemáticos como medio de comunicación por defecto y se flexibiliza el régimen de diversificación de inversiones de las entidades de capital riesgo.
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