Desde el pasado 12 de abril, en la web del gobierno de España aparece la noticia de la creación del comité de personas expertas para la reforma del sistema tributario. En palabras de la ministra, uno de los objetivos tiene que ser garantizar “la suficiencia de recursos públicos”. Se añade que “España se encuentra siete puntos por debajo de la media de la zona euro en ingresos”. No es difícil concluir que lo que se está proponiendo es un aumento de los impuestos y continuar incrementando la presión fiscal que, incluso, en esta época de pandemia, no ha dejado de crecer. Recordamos que mientras el PIB ha retrocedido en el 2020 un 10,8%, la recaudación de impuestos, según datos de la propia Agencia Estatal de Administración Tributaria (que llegó a los 194.051 millones de euros) bajó en un 8,8%. Es decir bajó. Sí. Pero, aproximadamente, un 20%.

Es decir, más impuestos sobre una renta per cápita sensiblemente inferior a la mayoría de los países de la zona euro con la cual se nos compara. ¿Por qué no se hace referencia a este dato? Dejémoslo aquí, que este es otro tema.

Llama mucho la atención que no se haga ninguna referencia a la necesidad de compatibilizar la puesta en marcha de esta reforma con la creación de un marco legislativo que permita la recuperación del tejido empresarial de las pymes, como base imprescindible para para minimizar la pérdida de puestos de trabajo y posibilitar la recuperación del mercado laboral. Una vez que la pandemia, desde un punto de vista sanitario, gracias a las vacunas, empieza a ser superada, ¿hay alguno otro objetivo más importante y relevante que tanto pymes como personas empleadas afectadas puedan recuperar sus economías particulares?

A pesar de que en la mencionada nota de prensa se haga referencia a la “equidad del sistema”, los datos nos llevan a otra conclusión. El timón está puesto en otra dirección. Pienso que hay dos datos que ponen de manifiesto que autónomos y pymes soportan la mayor parte de la presión fiscal que comentábamos.

Primera: el volumen de notificaciones electrónicas, que llega a 11,62 notificaciones y que, lógicamente, están en su mayor parte dirigidas a esta tipología de contribuyentes (que es la más numerosa). Recordamos que el censo de grandes empresas llega a 41.513 unidades, mientras que el de empresarios, profesionales y retenedores supone 7.744.157 personas (físicas o jurídicas).

La segunda es la deuda mediana liquidada por la Inspección de los Tributos. Es de 186.324,87 euros. Cifra que resulta de dividir el total de las actas, 4.719,05 millones, entre el número de contribuyentes comprobados, 25.327. Esta media es solo compatible con una afectación predominante a este perfil de sujeto pasivo. Estos datos proceden de la Memoria de la AEAT del 2019 (la última publicada).

En cambio, si miramos alguna de las empresas más valiosas del planeta, encontramos datos que nos tendrían que dar pistas de hacia dónde tendríamos que poner el foco. Apple ha liderado, y lo continúa haciendo, muchos rankings ─o la mayoría─ de capitalización bursátil o bien de valor de marca. En cualquier caso, siempre está en las posiciones de podio. Según los datos del último ejercicio cerrado (septiembre 2020), vendió 220.747 millones de dólares y ganó 57.411. El porcentaje de beneficios sobre ingresos se sitúa por encima del 25 por ciento. En cambio, la filial española (APPLE RETAIL SPAIN SL), según los datos de las cuentas anuales del 2019 (las últimas depositadas en el Registro Mercantil), ha pagado poco más de un millón de euros, (1.190.242,92 euros) para cerrar con un beneficio de 12.720.873,37 euros. La facturación por ventas e ingresos fue de 433.852.271,83. Si se aplicara el mismo porcentaje sobre los ingresos, el resultado positivo se situaría por encima de los 106 millones.

Es verdad que en la referida nota de prensa se afirma que “el grupo de trabajo se enfocará especialmente en la fiscalidad medioambiental, la imposición societaria, la tributación de la economía digitalizada, la fiscalidad de las actividades económicas emergentes, así como la aplicación y concreción de la armonización de la tributación patrimonial”. The Guardian publicaba, más de dos años atrás, que había un acuerdo para que la compañía pagara 500 millones de euros a Francia. Cómo diría un mediático abogado penalista, “…y aquí lo dejo”.

 

Francesc Pérez
[email protected]
Socio-Director TAX Figueres

 

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