Tu empresa se está planteando la recuperación del IVA ya ingresado de unas facturas que finalmente han resultado impagadas sin que el deudor haya sido declarado en concurso.

Has revisado los requisitos que exige Hacienda y has visto que pasado un año desde la fecha de la operación (si tu empresa tuvo un volumen de operaciones inferior a 6.010.121,02 € el año anterior podrás esperar a que transcurra un año desde dicha fecha, o bien sólo 6 meses) y antes de los 3 meses siguientes, puedes instar el cobro de la deuda bien mediante reclamación judicial o bien por medio de un requerimiento notarial al deudor.

(Respecto a la reclamación judicial, recuerda que puede utilizar el procedimiento monitorio para deudas de hasta 250.000 euros, procedimiento que es bastante ágil y rápido y en el que, salvo que haya oposición del deudor, no se requiere la asistencia de abogado y procurador.)

La ley introdujo esta segunda posibilidad hace unos años a fin de flexibilizar la recuperación del IVA, pues muchas empresas preferían no presentar ninguna demanda judicial por temor a perder al cliente o por tratarse de deudas de escasa cuantía.

Pues bien, si optas por esta opción asegúrate de que realizas efectivamente un requerimiento notarial y no otro tipo de acta notarial que puede ser más barata pero que Hacienda no acepta.

El TEAC se ha pronunciado recientemente en contra de una empresa que quería hacer valer su derecho a modificar la base imponible de un impagado equiparando las actas de remisión de documentos con acuse de recibo al deudor al requerimiento notarial que marca la ley.

Requerimiento notarial. ¿En qué consiste? 

El requerimiento notarial consiste en una petición conminatoria al receptor a través de un notario en el que éste habrá de dejar constancia de la comunicación, de la entrega y también de la contestación que se haya dado al requerimiento.

Mientras, en un acta de remisión de documentos o de notificación, no existe ni el carácter intimidatorio al receptor ni la posibilidad de incorporar su respuesta.

Es por ello que la flexibilización de la norma no permite tanto como admitir dichas actas como sustitutas del requerimiento notarial pues supondría desvirtuar el sentido de la norma que es conminar (apremiar) al cobro de la deuda para que el deudor realice las alegaciones que crea convenientes y discernir así si el mejor acreedor dispone todavía de su crédito y, por tanto, con derecho a modificar la base imponible de acuerdo con el artículo 80 de la LIVA o bien se ha de entender extinguido dicho crédito tratándose pues, de una operación que queda sin efectos en lo que al IVA se refiere.
 

A la hora de proceder a instar el cobro de la deuda, no te la juegues, opta por una reclamación judicial (procedimiento monitorio si cabe la posibilidad) o un requerimiento notarial.

 

Juli Blasco

Economista Responsable departamento fiscal TAX Barcelona Paseo de Gracia

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