Desde hace más de 30 años, en TAX creemos en la necesidad de contar con un equipo humano y profesional que nos genere un futuro de confianza. Esta visión de empresa, “ADN” desde sus inicios, continúa hoy vigente. 

De acuerdo con un informe elaborado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (fuente revista ICE, Secretaria de Estado de Comercio, número 907 - marzo-abril 2019), cada año se aprueban en España 12.000 normas legislativas. Si a ello le sumamos la normativa comunitaria, la internacional y las sentencias que crean jurisprudencia (y por tanto son fuente del derecho) es comprensible que nos sintamos con cierta “inseguridad jurídica por empacho legal”. Es decir, tal producción legislativa genera una incertidumbre legal en las empresas, no sólo por su volumen sino también por su complejidad. 

Y no solo en el conocimiento de la norma, sino también en su aplicación. La judicialización de nuestras relaciones con la Administración es una realidad a la que, como abogados y asesores, nos debemos adaptar. 

Veamos tres ejemplos bien distintos y en tres órdenes completamente diferentes:
1. Tributario. Como es bien sabido, AEAT ha ido elevando los bonus a los inspectores que más “fraude” destapen. Si a ello le sumamos que desde la sentencia del T.S. de noviembre de 2012 (ahora en proceso de revisión) existe la posibilidad de que Hacienda pueda reclamar una deuda tributaria anulada por los tribunales con el límite de la prescripción y que, a su vez, el 45% de las reclamaciones que interponen los contribuyentes frente a la Administración son estimadas, la realidad está servida, y el recurso es una auténtica opción.

2. Laboral. El registro de la jornada laboral ha puesto de manifiesto la complejidad de los mecanismos regulatorios del mercado de trabajo en el siglo XXI y que, en ciertos sectores, va a derivar a una más que segura litigación estratégica.

3. Legal y Constitucional. La judicialización está tan presente en todas las esferas de la sociedad que incluso ha llegado a la judicatura. Llamó mi atención la sentencia del Tribunal Constitucional, de 13 diciembre de 2018, que anuló un artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial (vigente desde 1985) que fue utilizado en el caso de un magistrado apartado de la carrera judicial para hacer una valoración de su aptitud y rechazar su ingreso automático: el artículo según el TC “generaba una incertidumbre insuperable” que lo hacía inconstitucional.

Conscientes de todo lo anterior y dejando para otro foro los análisis de política legislativa, desde TAX, como despacho de abogados y asesoría, venimos apostando por la necesidad de crecer con equipos altamente especializados en el conocimiento normativo y en la realidad de negocio de nuestros clientes. Nuestro principal objetivo es convertirnos en auténticos “partners estratégicos” y compañeros de viaje, esto es: siempre cerca de su empresa.

 

Javier Santolaria
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Socio Director de TAX

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