El Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, ha modificado aspectos muy relevantes en materia laboral y de Seguridad Social. Una de las modificaciones más importantes ha sido la regulación de las prestaciones por nacimiento y cuidado de menor, sustituyendo a las prestaciones por maternidad y paternidad. Desde el 1 de abril en que entraron en vigor estos cambios, se producen una serie de efectos jurídicos laborales y de Seguridad Social que afectan tanto a la suspensión del contrato de trabajo, como a la cobertura social. Su repercusión económica es también relevante al haber supuesto estas prestaciones en 2018, más de 1.735 millones de euros, cifra que se incrementará con la nueva regulación. 

Uno de los primeros aspectos a destacar es el incremento progresivo de la duración de las prestaciones, y por otro lado, el carácter obligatorio de la suspensión del contrato de trabajo por estas situaciones. Las situaciones protegidas son las mismas que las anteriores, el nacimiento, que ahora comprende el parto y el cuidado de menor hasta que cumpla doce meses, la adopción, la guarda con fines de adopción y el acogimiento siempre que su duración no sea inferior a un año, de menores de seis años o de menores de edad con discapacidad o que tengan especiales dificultades de inserción social y familiar. 

Por otro lado, la redacción incluida en el artículo 48.4 y 5 del Estatuto de los Trabajadores, determinan una configuración jurídica de obligatoriedad, al determinar la norma que “serán obligatorias las seis semanas ininterrumpidas inmediatamente posteriores al parto” tanto para la madre biológica, como para el otro progenitor. Dicha  obligatoriedad y  duración también se aplica a los supuestos de adopción o acogimiento. Consecuencia de esa obligatoriedad, es la derogación del permiso retribuido por nacimiento que regulaba el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores, toda vez, que se produce la suspensión del contrato, de forma inmediata tras el parto, la adopción o el acogimiento, y por ello, no es posible acceder al permiso retribuido. Esta derogación afecta también a los permisos por esta causa regulados por los convenios colectivos.

Respecto a la duración de los permisos, se mantiene el mismo periodo para la madre biológica en 16 semanas, pero se incrementa para el otro progenitor, los adoptantes o acogedores hasta las 16 semanas, incremento que se materializa de forma progresiva a partir del 1 de enero de 2021.

Durante 2019, en caso de nacimiento, el otro progenitor tiene un periodo de suspensión de 8 semanas, de ellas 2 de carácter obligatorio tras el parto. En 2020, el periodo será de 12 semanas, 4 obligatorias tras el parto. En estos periodos transitorios la madre puede optar por ceder algunas semanas al otro progenitor. En caso de adopción o acogimiento, en 2019, cada persona trabajadora, tiene 6 semanas obligatorias y 12 para compartir entre las dos, como máximo 10 para una. En 2020, la duración del periodo voluntario se amplía a 16 semanas para repartir entre los dos.

El criterio del INSS, es que en los supuestos que no se utilicen los periodos obligatorios en la forma prevista, no pueden utilizarse posteriormente las semanas de disfrute voluntarias.

Otro de los cambios relevantes, es la flexibilidad en utilizar las semanas no obligatorias, pues en todos los supuestos, el disfrute puede ser hasta los 12 meses de edad del nacido, o posteriores a la adopción o acogimiento, siendo posible utilizarlas de forma fraccionada por semanas, debiendo preavisar a la empresa con 15 días

La duración señalada se amplía en caso de nacimiento, adopción o acogimiento múltiple, o en casos de discapacidad del nacido, adoptado o acogido, en dos semanas, una para cada progenitor, no siendo posible acumular el incremento en un solo progenitor, salvo en los casos de familias monoparentales.

Asimismo se mantiene el incremento del periodo en caso de hospitalización del nacido por un periodo superior a 7 días, siempre que se produzca la misma en los 30 días siguientes al parto. El incremento es por la duración de la hospitalización, con un máximo de 13 semanas. Dicho incremento, a diferencia de lo que sucedía en la normativa anterior, se aplica a los dos progenitores. En caso de gestación superior a 6 meses o fallecimiento del nacido los dos progenitores pueden utilizar, si lo desean, la suspensión hasta las 16 semanas ordinarias. 

La ampliación de la duración de estas situaciones conlleva, no obstante, un incremento en los costes empresariales de Seguridad Social al aumentarse los periodos en los que se mantiene la obligación de cotizar sin que exista prestación de servicios. Además la utilización fraccionada por semanas puede motivar dificultades organizativas en algunas empresas cuando sea preciso sustituir al trabajador/a.


Antonio Benavides 
Inspector de Trabajo y Seguridad Social

© Tax 2019 - Todos los derechos reservados

Tax
¿En que podemos ayudarte?