Uno de los comentarios más habituales entre los profesionales del asesoramiento tributario es la inseguridad jurídica en la que realizamos nuestra actividad en los últimos años. 

Los despachos profesionales hemos visto cómo, a pesar de intentar actuar siempre según el criterio manifestado por la Administración Tributaria, continuamente nos encontramos con la sorpresa de que el criterio de la Administración puede cambiar repentinamente y tenemos que pasar a asesorar a nuestros clientes de una forma totalmente contradictoria con la anterior, con la dificultad que supone explicar a los afectados estos cambios muchas veces inexplicables. 

En ocasiones han sido cambios normativos con una redacción poco precisa y ambigua, que el contribuyente ha tenido que aplicar sin tener, en ocasiones, la certeza de cuál era el criterio de la Administración hasta que esta no se ha pronunciado un tiempo más tarde. 

El legislador también nos tiene acostumbrados a constantes cambios normativos que dificultan su aplicación y coherencia. 

En otras ha sido la inspección que ha aplicado una nueva interpretación de la norma sobre unos hechos concretos y que ha supuesto que los contribuyentes afectados tuvieran el riesgo de ser inspeccionados por los ejercicios no prescritos por los hechos realizados en el pasado y que ha requerido por nuestra parte estudiar cada caso para determinar la mejor actuación posible. 

En otros casos han sido los tribunales que han resuelto a favor del contribuyente, obligando a la Administración a cambiar su criterio. 

Lo que agrava aún más la inseguridad jurídica es la lentitud en la que se tratan estos temas en los Tribunales y la lenta resolución de las consultas vinculantes en la Administración y que puede suponer haber estado aplicando una interpretación de la norma que después se resuelve de una forma diferente.  

Uno de los casos que todos los del sector recordamos es la forma en la que deben tributar las retribuciones de los Administradores de las sociedades, cuestión que fue durante años un tema de discusión sobre cómo hacerlo correctamente en función de los cambios, normativos y de criterio, que se iban alternando. O el cambio repentino de tributación de las sociedades civiles que pasaban de tributar en el régimen de atribución de rentas en IRPF a hacerlo por el Impuesto sobre Sociedades, según si tenían o no objeto mercantil y la confusa interpretación de este concepto o los cambios de interpretación aún no resueltos sobre la aplicación del IVA según cuál sea el significado del concepto de las subvenciones vinculadas al precio. 

Desde finales del año pasado, tenemos nuevos ejemplos, ya que el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que ha establecido que las prestaciones públicas por maternidad de la Seguridad Social están exentas de IRPF. Este criterio es contrario al que ha estado aplicando hasta ahora la Administración Tributaria, aunque en 2016 el Tribunal Superior de justicia de Madrid ya había dictaminado a favor de una madre trabajadora. 

Otro caso polémico ha sido el del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados de los préstamos hipotecarios. El cambio de criterio del pleno del Tribunal Supremo ante las resoluciones contradictorias sobre quién debía pagar este impuesto y resolviendo finalmente que este Impuesto lo tenían que asumir los prestatarios/clientes, y el posterior Real Decreto-Ley 17/201, de 8 de noviembre, promulgando lo contrario, ha supuesto que para las operaciones realizadas  a partir del 10 de noviembre serán los prestamistas/entidades de crédito quienes asumirán el coste fiscal de las hipotecas, mientras que en las operaciones realizadas con anterioridad a esta fecha lo debe asumir el prestatario, impidiendo la posible reclamación por parte de éste de las cantidades pagadas indebidamente en caso de que se hubiera resuelto lo contrario. 

Todo esto supone un esfuerzo adicional al intentar aplicar correctamente la normativa, mucha inseguridad por la incertidumbre en su interpretación, confusión en nosotros, los profesionales, y en nuestros clientes al comprobar cómo la Administración defiende unas posturas que después se ha demostrado, en no pocas ocasiones, que son perfectamente modificables y mucha conflictividad en un intento de defender los intereses de nuestros clientes. 

 

Bettina Martínez
bmartinez@tax.es
Socia Directora de TAX Olot

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