Los empresarios nos encontramos muchas veces que aplicar toda la normativa en nuestras empresas es un hándicap importante, ya que van cambiando los criterios, la interpretación y la legislación. Uno de los temas que más controversias ha generado son las remuneraciones de los empresarios, por un lado,  por sus funciones como miembros del órgano de administración, y por el otro, por sus funciones directivas y ejecutivas para cumplir  las diferentes normativas y poder así beneficiarse de reducciones, exenciones y deducciones.

Por ejemplo, son importantes los requisitos que se establecen para las funciones directivas en el caso del Impuesto sobre Sucesiones para aplicar las reducciones correspondientes.

Pero establecer correctamente las remuneraciones por las funciones de dirección y gerencia también tiene su importancia para cumplir los requisitos para conseguir la exención de las participaciones sociales en el Impuesto Sobre Patrimonio, y que a su vez, el gasto de la remuneración del órgano de Administración, así como las remuneraciones por las funciones ejecutivas de sus miembros sean deducibles en el Impuesto sobre Sociedades.

Por todo ello, es importante valorar periódicamente si se cumplen los requisitos establecidos en cada momento ya que estos van cambiando.

El último cambio interpretativo lo ha establecido la Sentencia del Tribunal Supremo núm. 98/2018, de 26 de febrero, la cual,  en contra del criterio mayoritariamente asumido, considera que las normas de remuneración del articulo 217 LSC se aplican a todos los administradores y, acumuladamente, a los administradores ejecutivos se les aplican también las del artículo 249 LSC. De manera que todo el sistema de remuneración del Órgano de Administración debe figurar en los Estatutos Sociales y quien controla la remuneración de los miembros del Órgano de Administración tanto por sus funciones ejecutivas como por ser miembro del Órgano de Administración es la Junta de Socios.

Por todo ello, es importante actuar de manera diligente y que la Junta General de Socios, antes del pago de retribuciones de los miembros del Órgano de Administración, apruebe las mismas y ratifique las del ejercicio anterior, estableciendo lo que se retribuye por las funciones ejecutivas y las remuneraciones por ser miembro del órgano de Administración o Consejero Delegado, procediendo a legalizar todas las actas correspondientes. Así como revisar que los estatutos de la sociedad son acordes con la realidad de la empresa y se dispone de los contratos oportunos para cumplir con todos los requisitos y normas.

Helena Martínez
hmartinez@tax.es
Socia Directora de TAX Olot

 

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