Desde el 1 de enero de este año y conforme al artículo 348 bis de la LSC (liberado por el Gobierno tras varios años de bloqueo), a partir del quinto ejercicio a contar desde la inscripción en el Registro Mercantil de las sociedades no cotizadas, el socio que hubiese votado a favor de la distribución de los beneficios sociales tendrá derecho de separación si la Junta General no acordara la distribución como dividendos de, al menos, un tercio de los beneficios propios de la explotación del objeto social obtenidos durante el ejercicio anterior, que sean legalmente repartibles. El socio, pues, podrá abandonar la sociedad, que estará obligada a comprar su participación a un precio razonable.

La decisión de repartir o no dividendos (que debe ser acordada siempre por Junta General) puede suponer un mecanismo en manos de la mayoría para presionar a la minoría denegando sistemáticamente dicho reparto pese a la existencia de beneficios; minoría que tendría como única vía legal la impugnación de los acuerdos sociales en base a un abuso de derecho. En este sentido existe reiterada jurisprudencia de Juzgados de lo Mercantil que ha venido reconociendo el derecho al dividendo, declarando abusiva la retención sistemática del reparto de dividendos cuando existan reservas voluntarias suficientes que acreditan que la sociedad se encuentra saneada económicamente. Y el Tribunal Supremo también se ha pronunciado sobre el abuso del socio mayoritario en su Sentencia de 7 de diciembre de 2.011, donde determina que teniendo en cuenta el lucro como origen del negocio societario, los acuerdos de la mayoría que no persigan razonablemente el interés del conjunto de los socios ni los sociales y perjudiquen a los minoritarios, deben considerarse abusivos y contrarios a los intereses de la sociedad.

Pese a la intención protectora del legislador respecto al socio minoritario tendente a evitar los abusos de los mayoritarios, no parece haber contemplado, sin embargo, que esta medida también puede posibilitar una extralimitación por parte de los socios minoritarios, especialmente en situaciones económicas complicadas para la sociedad, donde esta decisión podría comprometer seriamente su viabilidad; ni parece haberse previsto la imposibilidad de hecho del reparto en sí. A lo que cabría añadir que si no existe acuerdo en el precio y debe valorarse la empresa, se deberá acudir a un auditor nombrado por el Registro Mercantil, con el riesgo de acabar en un lento proceso de impugnaciones y revisiones jurisdiccionales.

De la misma manera, ¿cómo valorarán nuestros Tribunales situaciones en las que, en virtud de contratos de financiación, por ejemplo, una sociedad se haya obligado contractualmente a no repartir dividendos? ¿Qué ocurrirá en los supuestos en que el reparto fijado por la ley vaya contra los intereses sociales? ¿Qué será de los protocolos familiares que prevean repartos discordantes con los previstos por la LSC o con los Estatutos sociales que supriman o reduzcan el dividendo por debajo de los límites legales? En todos estos supuestos, sin duda, debería prevalecer la norma legal sobre los contratos o compromisos privados.

No obstante, los efectos de esta regulación no podrán valorarse hasta que se inicien los procedimientos en relación a la aprobación de cuentas anuales del ejercicio 2016, momento en el cual se empezarán a conocer los criterios interpretativos de esta norma por parte de la jurisprudencia. Sin embargo, no parece disparatado afirmar que puede dar lugar a situaciones particularmente gravosas para algunas sociedades que podrían haberse eludido con otras medidas que, reforzando la protección de los derechos de la minoría, no restringieran la discrecionalidad de la junta de socios, respetando el interés social, que siempre debería prevalecer sobre el interés individual de un socio minoritario. Tan abusiva y desproporcionada parece la decisión de no repartir sistemáticamente dividendos, como la de obligar a la sociedad a repartir todos los años un tercio de sus beneficios. Piénsese en aquellas sociedades con grandes beneficios pero con falta de liquidez o muy endeudadas.

En cualquier caso, conforme al artículo 276 de la LSC, las Juntas Generales de las compañías pueden determinar el momento y la forma del pago del dividendo, lo que sin duda permitirá que aquellas entidades con dificultades de tesorería puedan acomodarse a las distintas situaciones sin contravenir la Ley.

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