Hasta el pasado día 16 de julio de 2020, según la Jurisprudencia fijada por el Tribunal Supremo, cuando una cláusula de un préstamo hipotecario que imponía todos los gastos al prestatario era declarada nula judicialmente se debían asumir dichos gastos entre prestamista y prestatario al 50%, salvo la factura del Registro de la Propiedad, que debía sufragarse íntegramente por la entidad Bancaria.

Con dicha decisión, el Tribunal Supremo realizaba una “moderación” para que los gastos derivados de la escritura de préstamo hipotecario que, inicialmente, se asumían íntegramente por el prestatario o cliente en virtud de una cláusula impuesta por la entidad bancaria al consumidor, pasaban a repartirse entre prestamista y prestatario.

Una vez llegado el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), a través de dos cuestiones prejudiciales planteadas por los Juzgados de Primera Instancia número 17 de Palma de Mallorca en procedimiento contra Caixabank y el número 6 de Ceuta contra BBVA, el TJUE se pronunció mediante su sentencia de fecha 16 de julio de 2020, estableciendo que las cantidades pagadas en concepto de gastos de hipoteca por aplicación de una cláusula declarada abusiva, deben ser íntegramente devueltas al consumidor (prestatario). El TJUE ha fijado dicho criterio porqué considera que si se declara nula una cláusula abusiva que atribuye o carga al cliente con el pago de todos los gastos de formalización de una hipoteca, el Derecho comunitario se opone a que el juez nacional (Tribunal Supremo) niegue al consumidor la devolución de todas las cantidades pagadas en virtud de dicha cláusula abusiva que, en tanto que nula, debería considerarse que nunca ha existido y, por consiguiente, no aplicable al consumidor.

No obstante lo anterior, también establece el TJUE que la única excepción a la devolución de todas las cantidades pagadas en virtud de la cláusula nula es que una disposición de Derecho Nacional imponga al consumidor que debe abonar alguno de esos gastos hipotecarios. Este es el caso del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) aplicable a las escrituras de préstamo hipotecario, que la Ley nacional española fijaba que quién debía abonar dicho impuesto era el prestatario o consumidor.

Debemos recordar que, a día de hoy, a raíz de la aprobación del Real Decreto Ley 17/2018 del pasado 8 de noviembre de 2018, quién debe asumir el Impuesto de AJD en los préstamos hipotecarios es la entidad bancaria.

Precisamente, dicho Impuesto que puede variar según la Comunidad Autónoma en que se formaliza el préstamo (entre 0,5% y 1,5%), es el importe más elevado que debían abonar los clientes o consumidores cuando formalizaban una hipoteca, lo que conlleva a la práctica que “sólo” se puedan recuperar los siguientes gastos: Notario, Gestoría, Registro de la Propiedad y, en algunos casos, la comisión de apertura.

Por ello, dicha Sentencia europea ha supuesto un impacto limitado a nivel financiero de las entidades bancarias, por la tranquilidad de que el Impuesto de AJD queda fuera de toda duda y sin cuestión, después de que el Tribunal Supremo lo atribuyera a los clientes.

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