Tal y como establece el reciente Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, los contratos de alquiler firmados a partir de hoy se regirán por una nueva normativa que detallamos a continuación.


¿Qué cambios supone la nueva ley que modifica la actual Ley de Arrendamientos Urbanos?

  • La principal novedad es la ampliación de 3 a 5 años (o 7 si el arrendador es persona jurídica) del plazo mínimo legal del contrato. Del mismo modo, también se amplía el tiempo de prórroga tácita de 1 a 3 años.
  • En relación a la fianza, ya sea mediante depósito o aval, se mantiene que la fianza obligatoria es 1 mes para los arrendamientos de vivienda, pero limita a dos meses de renta la fianza máxima adicional que se puede solicitar al arrendatario, por tanto, la fianza máxima exigible será de 3 meses (1 obligatorio más 2 adicionales).
  • Los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato correrán a cargo del arrendador, cuando éste sea persona jurídica. 
  • A diferencia de lo que ocurría hasta ahora, arrendador e inquilino podrán adoptar acuerdos para la renovación o para la mejora de la vivienda en el transcurso del mismo, sin esperar a que finalice el contrato.

 

¿Qué sucede con el alquiler turístico, los desahucios y el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales?

  • En relación al desahucio de vivienda, se mejorará la coordinación entre los órganos judiciales y los servicios sociales competentes y se facilitará la adopción de medidas para aquellas familias con menor capacidad económica, vulnerabilidad social o mayores cargas familiares.
  • Se establece la exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados en el caso de los contratos de arrendamiento de vivienda para uso habitual y permanente. Del mismo modo, se modifica la regulación del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI).
  • Se modifica la Ley sobre Propiedad Horizontal para permitir limitar el alquiler turístico en aquellas comunidades de vecinos en que se dé una mayoría cualificada de tres quintas partes de los propietarios, y para mejorar la accesibilidad, obligando a aumentar en un plazo de tres años el fondo de reserva de las comunidades para realizar obras de adaptación en beneficio de aquellas personas con movilidad reducida.

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