Nueva doctrina del Tribunal Supremo que establece que no es suficiente con que la Administración multiplique el valor catastral por coeficientes como método de comprobación del valor real de inmuebles a efectos fiscales.

Hasta hace muy poco tiempo, era práctica habitual que la Administración a la hora de realizar comprobaciones sobre el valor real de inmuebles a efectos fiscales (Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, Impuesto de Sucesiones y Donaciones…) utilizase el mecanismo previsto en la Ley General Tributaria (Art. 57.1.b) consistente en tomar como referencia los valores catastrales multiplicados por índices o coeficientes predeterminados, normalmente establecidos para cada población.

Pues bien, la Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo, en su reciente Sentencia de fecha 23-05-2018, ha establecido que dicho mecanismo no es idóneo ni adecuado, al ser demasiado genérico y por su falta de relación con el bien concreto (situación geográfica, estado de conservación, antigüedad, etc.).

Dicha sentencia tiene origen en un recurso de la Junta de Castilla-La Mancha que pretendía elevar el valor declarado por los contribuyentes, para liquidar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, de las viviendas que adquirieron en el año 2012. Los ciudadanos declararon en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, el precio declarado en la escritura por la compra, pero la Consejería de Hacienda elevó el valor aplicando la comprobación señalada en el artículo 57.1.b de la Ley General Tributaria, es decir, multiplicando el valor catastral por el coeficiente del municipio establecido en una orden de la comunidad autónoma, subiéndoles de ese modo el importe del impuesto. El TSJ de Castilla-La Mancha, en sentencia ahora confirmada por el Supremo, dio la razón a los contribuyentes en contra de la Hacienda autonómica.

A raíz del presente supuesto el Supremo establece como doctrina que “el método de comprobación consistente en la estimación por referencia a valores catastrales, multiplicados por índices o coeficientes (artículo 57.1.b) de la Ley General Tributaria) no es idóneo, por su generalidad y falta de relación con el bien concreto de cuya estimación se trata, para la valoración de bienes inmuebles en aquellos impuestos en que la base imponible viene determinada legalmente por su valor real, salvo que tal método se complemente con la realización de una actividad estrictamente comprobadora directamente relacionada con el inmueble singular que se someta a avalúo”. 

El Alto Tribunal añade que “la aplicación de ese método de comprobación no dota a la Administración de una presunción reforzada de veracidad y acierto de los valores incluidos en los coeficientes, así como que “la aplicación de tal método para rectificar el valor declarado por el contribuyente exige que la Administración exprese motivadamente las razones por las que, a su juicio, tal valor declarado no se corresponde con el valor real, sin que baste para justificar el inicio de la comprobación la mera discordancia con los valores o coeficientes generales publicados por los que se multiplica el valor catastral”.

Y además, deja claro que corresponde la carga de la prueba a la Administración, estableciendo que el interesado no está legalmente obligado a acreditar que el valor que figura en la declaración o autoliquidación del impuesto coincide con el valor real, siendo la Administración la que debe probar esa falta de coincidencia.

El Supremo aprovecha para confirmar su jurisprudencia en el sentido de que la tasación pericial contradictoria no es una carga del interesado para desvirtuar las conclusiones del acto de liquidación en que se aplican los mencionados coeficientes sobre el valor catastral, sino que su utilización es meramente potestativa. Así, para oponerse a la valoración del bien derivada de la comprobación de la Administración basada en el medio consistente en los valores catastrales multiplicados por índices o coeficientes, el interesado puede valerse de cualquier medio admisible en derecho, aunque deberá tenerse en cuenta lo establecido sobre la carga de la prueba que recae en la Administración.

En conclusión, a partir de ahora, queda más claro - si cabe - que es la Administración quien debe probar la falta de coincidencia entre el valor declarado por el contribuyente y el valor real del inmueble, y además, para poder discutir dicha falta de coincidencia, la Administración deberá justificar los motivos por los que - a su juicio - tal valor declarado no se corresponde con el real, y no será suficiente el resultado del mero cálculo tomando como referencia el Valor catastral multiplicado por el coeficiente del municipio concreto, sino que deberá realizarse una valoración más rigurosa y tomando en consideración especialmente las características del bien inmueble que se avalúa.

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