La Sentencia del Tribunal Constitucional de 16 de febrero de 2017 abre la puerta a que algunos contribuyentes que han pagado el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU o “plusvalía municipal”) reclamen su devolución. En este sentido se prevé tanto una avalancha de reclamaciones como que las administraciones se vean obligadas a revisar la regulación del tributo para evitar que su disfuncionalidad produzca nueva casuística.

Recordamos que este impuesto tiene como hecho imponible la revalorización del suelo urbano durante el período en el que un vendedor o transmitente ha sido propietario. El problema reside en el hecho de que la fórmula de cálculo establecida por la normativa arroja siempre resultado positivo, y por ello una cuota a pagar, como si el valor de los terrenos siempre estuviese obligado a subir. El descenso sufrido durante les últimos años por el mercado inmobiliario ha producido una disfunción sin precedentes: una finca adquirida en el pico de la “burbuja” inmobiliaria (por ejemplo en 2007), y vendida en el punto más bajo del descenso (por ejemplo en 2013), habría puesto de manifiesto una verdadera pérdida de valor de los terrenos y no una ganancia. Amparándose en el automatismo de la norma, los ayuntamientos han seguido cobrando el tributo, indiferentes al detalle de que realmente no había hecho imponible, ya que algunos propietarios sufrieron una pérdida de valor y no un incremento, poniendo esta circunstancia de manifiesto en el propio precio de transmisión, inferior al que en su día se pagó por adquirir la finca en cuestión.

La Sentencia declara inconstitucional el precepto en el caso concreto que pertenecía a la Norma Foral de Guipúzcoa. Por tanto, no es de aplicación general, pero es evidente que las administraciones deberán hacer las modificaciones pertinentes en sus respectivas normativas para evitar una proliferación sistemática de cuestiones de inconstitucionalidad, dado que la estructura del impuesto se aplica de forma idéntica en todo el Estado.

Debemos tener en cuenta que:

a)     La inconstitucionalidad afecta solamente al artículo que regula la fórmula de cálculo y no al resto de elementos que configuran el impuesto.

b)     La norma no ha sido derogada, sino que ha sido declarada inconstitucional solamente en aquellos supuestos en los que realmente no ha habido aumento de valor del terreno transmitido. En consecuencia, si en el futuro inmediato no se produce ninguna modificación legislativa, en los casos en los que sí se haya producido un incremento de valor la fórmula sigue siendo aplicable, de forma que el criterio expresado por la sentencia solamente servirá de base para evitar la tributación de aquellos contribuyentes con minusvalía real.

Es necesario añadir dos apuntes más:

1)      Como cualquier otro tributo, la posibilidad de reclamar la devolución de ingresos indebidos prescribe a los cuatro años a contar desde que finaliza el periodo de presentación o liquidación del Impuesto (seis meses en el caso de herencias, un mes en el caso de transmisiones entre vivos). Por tanto, sólo se podrán reclamar las plusvalías generadas desde 2012-2013 (según el caso).

2)      De cara al futuro, en aquellos ayuntamientos donde el régimen de autoliquidación no es obligatorio, hay la posibilidad de solicitar la no sujeción al tributo con carácter previo, eludiendo el proceder a su pago en un primer momento. En estos casos, en la comunicación que el contribuyente debe hacer al Ayuntamiento de turno, dentro del plazo máximo de presentación, deberá alegar o especificarse la improcedencia de ningún ingreso por inexistencia del hecho imponible en el caso concreto, y esperar la decisión del administrador.

Desde nuestro departamento legal prestamos el asesoramiento profesional necesario para defender los intereses de nuestros clientes e iniciar las acciones que en cada caso procedan.

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