Actualmente las empresas se enfrentan a expectativas cada vez más complejas por parte de las autoridades fiscales, ante un marco de modificaciones legislativas y reglamentarias en el ámbito fiscal cambiante y exigente, con interpretaciones jurídicas de las normas por los órganos administrativos y judiciales vacilantes. 

Además, ante el aumento exponencial del riesgo de incurrir en supuestos de responsabilidad tributaria por los órganos de gobierno de las empresas, el incremento del número de procedimientos de comprobación e inspección fiscal por parte de la administración tributaria uniéndose al riesgo de la comisión de delitos contra la Hacienda Tributaria, hace que las empresas se vean obligadas a implementar un sistema de gestión eficaz del riesgo tributario, a través del llamado compliance tributario. 

Un mayor nivel de transparencia y la reducción de riesgos fiscales exigen una relación de cooperación con Hacienda. Este hecho evita una intervención significativa que pasa por tener la documentación precisa, dotándose de un marco de buen gobierno fiscal. 

La Ley de Sociedades de Capital incluye la determinación de la estrategia fiscal y la política de control y gestión de riesgos fiscales como una facultad indelegable del Consejo de Administración. En este contexto de responsabilidades es imposible ignorar regulaciones como el Código de Buenas Prácticas Tributarias, el Plan de Acción BEPS y, más recientemente, la norma UNE 19602.

En definitiva, la gestión de los riesgos fiscales pide una experiencia más amplia que el mero conocimiento técnico fiscal, ya de por sí rigoroso, y llega a personas, procesos y sistemas.  

El cumplimiento normativo o compliance tiene la finalidad de detectar y gestionar los riesgos de incumplimiento normativo, que pueden provenir tanto de obligaciones exigibles por terceros como de compromisos asumidos por la empresa voluntariamente (códigos éticos o de conducta, protocolos y procedimientos establecidos, etc), siendo el área laboral una de las que necesitan una mayor vigilancia por su extensa legislación y su complejidad interpretativa. 

En este contexto es necesario realizar una auditoría laboral para analizar y revisar la situación de la empresa desde el punto de vista del cumplimiento de las obligaciones jurídicas, laborales y de la Seguridad Social para corregir o implementar, llegado el caso, aquellas medidas necesarias que permitan garantizar el cumplimiento de la legislación vigente. 

La auditoría laboral nos debe permitir, entre otros: 
1.    Definir los procedimientos que aseguren el cumplimiento de las obligaciones laborales. 
2.    Analizar la situación actual desde el punto de vista jurídico, laboral y de la Seguridad Social que permita establecer las medidas correctoras para el cumplimiento normativo. 
3.    Analizar la normativa y los convenios colectivos aplicables a la empresa y a su grupo de trabajadores.
4.    Verificar el grado de cumplimiento de los conceptos retributivos de acuerdo con la legislación y los convenios colectivos aplicables; determinar las mejoras sociales que puedan existir. 
5.    Verificar el grado de cumplimiento respecto a la jornada, horarios, descansos, permisos y licencias; horas extraordinarias, movilidad geográfica y funcional de acuerdo con la legislación y convenios colectivos aplicables; determinar las mejoras sociales que puedan existir. 
6.    Verificar el grado de cumplimiento respecto a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, las suspensiones de contratos de trabajo que existen en el momento de la auditoría y si éstas se han realizado de acuerdo con la legislación y convenios colectivos aplicables, así como las extinciones de contratos producidas durante el último año y los contenciosos pendientes, tanto judiciales como administrativos. 
7.    Verificar la existencia de representación legal de los trabajadores y el grado de conflictividad existente.
8.    Verificar la afiliación y el alta a la Seguridad Social de la empresa y de sus trabajadores y la adecuación de las cotizaciones realizadas a la Seguridad Social según las normas de cotización existentes de los últimos cuatro años. 
9.    Verificar y comprobar la adecuación de las acciones de prevención realizadas (plan de prevención, evaluación de riesgos, planificación de la prevención, equipos de trabajo, formación de los trabajadores, medidas de emergencia, información, consulta y participación de los trabajadores y vigilancia de la salud) a la legalidad vigente en esta materia. 

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