Primera. Desistimiento por falta de financiación
La nueva legislación catalana sobre la compraventa (Libro Sexto del Código Civil de Cataluña, artículo 621.49), prevé que el comprador podrá desistir de la operación y recuperar las arras, sin penalizaciones, si no consigue la financiación que haya sido prevista en el mismo contrato. Para ejercitar este desistimiento contractual es indispensable, por lo tanto, que en el propio contrato se haya especificado que el comprador tiene previsto comprar mediante financiación de un determinado tercero, y se deberá justificar documentalmente la negativa del prestamista. 

 

Segunda. Cláusula por inestabilidad política
En las operaciones inmobiliarias más recientes, los inversores (primordialmente los extranjeros), están empezando a pedir la inserción en los contratos de arras de una cláusula por la que se les permitirá rescindir las arras, recuperando el importe pagado sin penalización, en caso de que se produzcan determinados escenarios en el marco político catalán entre la celebración del contrato de arras y el plazo establecido para la consumación de la compraventa mediante escritura notarial. 

 

Tercera. Alquileres de vivienda no inscritos en el registro de la propiedad
Los contratos de alquiler de vivienda posteriores a la última reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, (es decir, celebrados a partir del 6 de junio de 2013), que no hayan sido inscritos en el Registro de la Propiedad, no serán oponibles a terceros adquirentes de buena fe, es decir, a los compradores de la vivienda que desconocieran la existencia del alquiler. 
A pesar de que la legislación es muy drástica (el nuevo propietario podría desahuciar al inquilino que no ha inscrito su contrato), y que en la práctica los alquileres siguen mayoritariamente sin escriturarse ni inscribirse, esta medida no ha tenido casi incidencia, por diversos motivos: porque los contratos actuales, generalmente, ya tienen una duración muy corta; porque es difícil concebir un caso en el que el comprador desconozca, cuando compra, que hay un inquilino dentro; y porque, para entender que el comprador lo desconocía, sería necesario, en el momento de escriturarse la venta, que el vendedor manifestase en falso ante el notario que en el piso no hay ningún inquilino. 

 

Cuarta. Reparto del IBI del año en curso
Como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) se merita el 1 de enero de cada año, hasta hace relativamente poco, la cuota del año en el que tiene lugar la venta la soportaba el vendedor, excepto pacto en contrario entre las partes. 
Una sentencia del Tribunal Supremo (15 de junio de 2016) cambió el criterio y estableció que, excepto pacto en contrario, el vendedor podrá repercutir al comprador el IBI pagado por la parte proporcional del año en que ya haya sido propietario. 

 

Quinta. Plusvalía municipal
Aunque ya hemos hablado de ello en anteriores artículos, no dejaremos de recordar que el Tribunal Constitucional ha anulado el devengo del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía municipal) en aquellos casos en que, a raíz del estallido de la burbuja inmobiliaria, el contribuyente ha sufrido una pérdida patrimonial, en vez de una ganancia. 
Actualmente la mayoría de administraciones locales están a la espera de que se apruebe una reforma legislativa que establezca un nuevo método de cálculo más fiel a la realidad, para empezar a resolver los recursos presentados en esta materia. 

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