Se publicó en el BOE el sábado 9 de abril la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. 

 

¿Qué debes saber de esta nueva ley?

  • Los comercios de alimentación a partir de 400 m2 deberán dedicar una zona de productos a granel (al menos un 20% del espacio), una medida que será vigente el 1 de enero de 2023. También deberán aceptar que los clientes lleven fiambreras, botellas y bolsas de casa. 
  • Los bares y restaurantes están obligados, por ley, a ofrecer siempre agua del grifo gratuita a los clientes. La intención es reducir el consumo de envases de un solo uso y hacer más accesible el agua potable. 
  • Se retira el IVA de las donaciones de productos a ONG como los bancos de alimentos. 
  • Empuje a la recogida selectiva, ya que los Ayuntamientos que aún no lo hagan estarán obligados a separar los residuos (papel, metal, plástico, vidrio y orgánica) antes del 30 de junio de 2022, en municipios de más de 5.000 habitantes. El resto, deberán hacerlo antes del 31 de diciembre de 2023. 
  • Dos nuevos impuestos a partir del 1 de enero de 2023: 
    • Impuesto sobre los plásticos de un solo uso que no sean reutilizables. Este impuesto será indirecto, a todos los envases que se fabriquen, importen o compren dentro de la UE, como vasos, rollos para embalar y otros. El importe será de 0,45€ por kilo. Quedan excluidas las pinturas, tintas, lacas y adhesivos. También los envases para proteger o presentar medicamentos, productos sanitarios o residuos peligrosos de origen sanitario y algunos otros de uso agrícola y ganadero. 
    • Impuesto para depositar residuos en el vertedero. Este impuesto quiere desincentivar que se dejen residuos en el vertedero sin reciclarlos. 

 

Otras novedades de la ley

Se incluyen la revisión del régimen sancionador, que incluye nuevas infracciones, como el abandono de basura dispersa (littering) o la quema no autorizada de residuos agrarios y silvícolas, y el no establecimiento de recogidas separadas.

Por otro lado, también incluye una disposición específica sobre el amianto, que obliga a los ayuntamientos a elaborar un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto con un calendario para su retirada. Además, la ley revisa los procedimientos de declaración de subproducto y de fin de condición de residuo, habilitando la posibilidad de desarrollo a nivel autonómico para agilizar la transición hacia la economía circular.

Del mismo modo, se establece que las entidades locales deberán aprobar ordenanzas municipales que permitan lograr los objetivos fijados en la ley y tendrán que establecer tasas diferenciadas que tengan en cuenta el coste real de las operaciones de gestión de residuos realizadas y que permitan implantar sistemas de pago por generación.

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