Al usar este sitio acepta el uso de cookies para análisis, contenido personalizado y publicidad.

Impugnabilidad de las cuotas del impuesto de plusvalía municipal tras la reciente sentencia del Tribunal Constitucional

El pasado 11 de mayo de 2017, el Tribunal Constitucional (TC) declaró por unanimidad la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales (LRHL), aprobada por el RD. Legislativo 2/2004, en determinados supuestos, entendiendo que el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU o “plusvalía municipal”), vulnera el principio constitucional de capacidad económica.

Esta sentencia reitera la doctrina establecida por el TC en las anteriores sentencias del pasado 16 de febrero de 2017 y 1 de marzo de 2017, que abrieron la puerta a que algunos contribuyentes que habían pagado el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU o “plusvalía municipal”), reclamasen su devolución.

En este sentido, se está produciendo una avalancha de reclamaciones, y estamos todos a la espera de una próxima modificación legal de la regulación de la LRHL que se adapte a la sentencia, cambiando las reglas de cálculo de la base imponible en los futuros devengos del impuesto en el sentido de evitar que se graven situaciones en las que no exista incremento de valor.

Recordamos que este impuesto tiene como hecho imponible la revalorización del suelo urbano durante el periodo en que un vendedor o transmitente ha sido propietario. El problema proviene del hecho que la fórmula de cálculo establecida por la normativa da siempre un resultado positivo y una cuota a pagar, como si el valor de los terrenos siempre tuviera que subir. El descenso sufrido durante los últimos años por el mercado inmobiliario ha producido una disfunción sin precedentes, ya que una finca adquirida en el pico de la “burbuja” inmobiliaria (por ejemplo, en 2007), y vendida en el punto más bajo del descenso (por ejemplo, en 2013), habría puesto de manifiesto una verdadera pérdida de valor de los terrenos, y no una ganancia. Amparándose en el automatismo de la norma, los ayuntamientos habían seguido cobrando el tributo, indiferentes al hecho de que realmente no había hecho imponible, ya que algunos propietarios sufrieron una pérdida de valor, y no un incremento, puesto de manifiesto en el propio precio de transmisión, inferior al que en su día se pagó para adquirir la finca en cuestión.

Igualmente, se debe tener en cuenta que:

a)     La inconstitucionalidad afecta solamente a los artículos que regulan la fórmula de cálculo, y no al resto de elementos que configuran el impuesto.

b)     La norma no ha sido derogada, sino que ha sido declarada inconstitucional sólo en aquellos supuestos en los que realmente no ha habido un aumento de valor del terreno transmitido. En consecuencia, si en el futuro inmediato no se produce ninguna modificación legislativa, en los casos en los que sí se haya producido incremento de valor, la fórmula continúa siendo aplicable, de forma que el criterio expresado por la sentencia solamente servirá de base para evitar la tributación para aquellos contribuyentes con minusvalía real.

Deben añadirse dos apuntes más:

1)      Como cualquier otro tributo, la posibilidad de reclamar la devolución de ingresos indebidos prescribe a los cuatro años a contar desde que finalizó el periodo de presentación o liquidación del Impuesto (seis meses en el caso de herencias, un mes en el caso de transmisiones entre vivos). Por lo tanto, solamente se podrán reclamar las plusvalías generadas desde 2012-2013 (según el caso).

2)      En según qué casos, con aquellos ayuntamientos en los que el régimen de autoliquidación no sea obligatorio, hay la posibilidad de solicitar la no sujeción al tributo con carácter previo, evitándose, de entrada, tener que proceder al pago. En estos supuestos, en la comunicación que el contribuyente debe hacer al Ayuntamiento dentro del plazo máximo de presentación, deberá alegar o especificar la improcedencia de ningún ingreso por inexistencia del hecho imponible en el caso concreto, y esperar entonces la decisión de la Administración.

Estamos a su disposición, ante este nuevo pronunciamiento del TC, para analizar cada caso concreto y ver la viabilidad en la recuperación del importe pagado o en la presentación de la liquidación previa al pago del mismo.

 

Acceda a este TAX Informa